los montes azules

El texto puede ir asi mas o menos:

Sr. Victor Lichtinger
Titular de la Semarnat

la comunidad internacional y nacional esta pendiente de los sucesos de la Reserva Montes Azules, sabemos del intento de desalojo que elementos de la Policia Federal Preventiva quieren realizar a peticion de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales ( SEMARNAT) y de la Procuraduria Federal del Ambiente ( PROFEPA) en nombre de la «preservacion de la selva», sabemos que todo desalojo esta regido por la violencia y la violencia y la intolerancia no cabe en un gobierno que se autoproclama democratico. El deterioro de la Selva se debe principalmente a la explotacion de las compañias madereras y no a los asentamientos humanos, para nadie es un secreto que la Selva Lacandona, ubicada en dicha Reserva interesa a empresarios del ramo de la farmaceutica, ecoturismo, electrico, entre otros, la mayoria extranjeros, los cuales ambicionan los terrenos para instalarse con fines netamente de lucro.
Por todo lo anterior, solicitamos que prevalezca el dialogo y la sensibilidad para reubicar y no desalojar a las comunidades y sobre todo estar de lado del pueblo para impedir la venta de la Selva como parte del Plan Puebla Panama.

atte:

ENVIAR A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: rbarba@semarnat.gob.mx ; pagina@semarnat.gob.mx

mas informacion en rebelion.org

INFO DE 14 DE ABRIL DE O3

Expedición punitiva encabezada por autoridades federales cruza el río
Lacantún.Comienza nuevo intento de desalojo de comunidades indias en Montes Azules
La localidad Ignacio Allende, posible objetivo Observadores civiles se
internan en la zona
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Nuevo Tenejapa, Chis., 12 de abril. Hoy dio inicio un nuevo intento de
desalojo de comunidades indígenas asentadas en Montes Azules. De las
riberas del río Lacantún, en esta comunidad, salió la expedición
"punitiva" encabezada por autoridades federales en dirección a la
comunidad Nuevo San Rafael (también llamada Ignacio Allende), a bordo de
"lanchas rápidas" de la Secretaría de Marina.
Varias decenas de indígenas y campesinos (algunos lacandones), encabezados
por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), la Coordinación Nacional de Areas Naturales Protegidas (CNANP)
y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se
internaron en Montes Azules esta tarde con la intención expresa de echar a
los indígenas asentados en Nuevo San Rafael, bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y miembros del municipio autónomo
Libertad de los Pueblos Mayas.
También participan en la "expedición" algunos policías uniformados. El
convoy que trasladó a los desalojadores está compuesto por dos camionetas
gubernamentales, otros tres vehículos, incluido un taxi, y un camión de
carga de 10 toneladas que, coinciden en afirmar pobladores de Nuevo
Tenejapa y del vecino pueblo de Peña Blanca, venía "lleno de campesinos,
así como nosotros", además de los lacandones.
La Jornada pudo confirmar asimismo que un grupo de observadores civiles se
internó esta tarde a Montes Azules, cruzando en otro punto el río
Lacantún, también con destino a Nuevo San Rafael. Cabe recordar que los
representantes de dicha comunidad han declarado que "no aceptarían el
desalojo pacífico", y que "sólo muertos iban a salir de su nuevo
asentamiento". Choleros de la zona norte, los pobladores de Nuevo San
Rafael llevan varios años huyendo de la violencia paramilitar y policiaca.
Tampoco aquí han encontrado descanso.
Para mañana (hoy) domingo, los pobladores tzotziles de San Isidro (antes 8
de Febrero) esperan la "visita" de esta misma expedición gubernamental.
Hasta este viernes los indígenas no sabían si es para amedrentarlos o para
desalojarlos. Como sea, los enviados de Semarnat, CNANP y Profepa
aseguraron a los pobladores de Nuevo Tenejapa que se dirigían "a desalojar
Ignacio Allende", con apoyo de la Armada.
Sin noticias

Esta noche no se tenía aún noticias de si ocurrió algo en Nuevo San
Rafael. Durante los primeros meses de 2003 han sido constantes las
incursiones intimidatorias del Ejército federal y la Armada hasta la
comunidad. Esto después del desalojo de Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas)
en diciembre. Como se sabe, los desalojados de diciembre han quedado en el
limbo del abandono.
En tanto, grupos empresariales y agencias como Conservation International
han presionado en semanas recientes para que se efectúen los desalojos,
invocando "la protección del ambiente", a la vez que avalan o participan
en proyectos turísticos de alto nivel en la misma zona sur de Montes
Azules. El pretexto hoy y siempre son los derechos de propiedad de la
comunidad lacandona sobre la vasta extensión de selva que les concedió el
gobierno en 1972.
Apenas este 26 de febrero, el comisariado ejidal de Zamora Pico de Oro,
municipio Marqués de Comillas, dirigió una carta a la gerencia regional de
Comisión Nacional Forestal, inquiriendo sobre la construcción que se
realiza en el área donde desemboca el río Sendales (o Tzendales). Sucede
que la Ford Motor Company y la asociación civil (vinculada con ex
funcionarios federales del zedillismo) Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable, y con el aval de la comunidad lacandona, construyen en áreas
protegidas la "Estación Tzendales", al parecer con fines turísticos, sin
notificar ni consultar a los ejidatarios, quienes acusan a estas empresas
de "enajenar" la reserva, con evidente respaldo oficial.
Email:: zapatabr@yahoo.com
URL:: http://www.fzln.org.mx

Press Bulletin
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; April 14th, 2003.

The observatory delegation composed of members from the Chiapas Community Defenders Network, CAPISE, CIEPAC and PROMEDIOS wish to make known the events that transpired in the community of Nuevo San Isidro, located in the Montes Azules region:

1. On April 13th, this observatory human rights delegation visited the community of Nuevo San Isidro of the Montes Azules region at the request of community representatives who wished to report the following incidents:

2. On April 10th, the members of the Nuevo San Isidro community convened a dialogue among representatives of PROFEPA (the Mexican government’s environmental protection agency) and SEMARNAT (Ministry of the Environment and Natural Resources) that was to take place at the community on Sunday, April 13th, 2003 at 3:00 p.m.

3. On April 12th, 2003, at 10 a.m., approximately 40 indigenous cho’les and lacandones, armed with machetes and poles, arrived aboard two motorboats at the Nuevo San Isidro community saying they had come from the communities of Frontera Corozal, Nueva Palestina, Lacanjá, Najá and Metzaboc. They introduced themselves while standing alongside their escorts, Héctor Trujillo Gómez and Jorge Gómez Román, representatives of PROFEPA, along with other officials who declined to identify themselves.

4. The group, led by the lacandones, entered the community and surrounded the houses whose roofs were made of palm leaves and plastic. It was then that the lacandones became verbally aggressive and, at various points, raised their machetes in the air toward community members, threatening to kill the inhabitants of Nuevo San Isidro if they did not vacate their lands.

5. Based on the descriptions provided by the community representatives of Nuevo San Isidro, it was possible to verify that the group that appeared at their community at 10 a.m. was the same group that later that afternoon appeared at the community of Nuevo San Rafael. In both cases, a one-week deadline was given by the lacandones for the inhabitants of the communities to leave their homes and land, meaning that the inhabitants would have until Saturday, April 19th to leave.

6. As in the incident at the community of Nuevo San Rafael, the government officials introduced themselves as “escorts” of the indigenous cho’les and lacandones and offered no peaceful solution whatsoever to the conflict. It is worth noting that there was no attempt made by the government officials to diffuse the situation or to temper the aggressive attitude of the lacandon representatives they were “escorting.”

7. On this occasion, there were no human rights observers present and, as a result, the lacandones and their companions behaved in an extremely aggressive manner toward the inhabitants of Nuevo San Isidro. At the moment this delegation arrived at said community the inhabitants were severely shaken as a result of the threats they had been subject to.

8. In this case, it is clear that the officials from PROFEPA and SEMARNAT, instead of attending the meeting scheduled for Sunday at the Nuevo San Isidro community to find a negotiated settlement to the conflict, opted to “escort” the indigenous cho’les and lacandones as they threatened with death all those community members who refused to leave their homes and land.

9. The organizations that participated in this delegation express our concern that these events, and the tense situation in the region, could lead to more serious confrontations in the very near future, especially considering that the lacandones are enjoying absolute impunity for their actions and are even accompanied by officials from the PROFEPA, SEMARNAT and the CNANP government agencies.

10. At the same time, we urge the proper Federal and state government authorities to take the necessary measures to prevent violent confrontations from occurring between the indigenous inhabitants of the Montes Azules region. The Chiapas Community Defenders Network once again makes clear our belief that the conflicts in the region can only be resolved if the federal and state governments act in good faith and through a negotiated and peaceful solution that ensures respect for the human rights and indigenous rights of all of the involved parties.

ATTENTIVELY:
Chiapas Community Defenders Network
CIEPAC-CAPISE

Press Bulletin
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; April 13th, 2003.

The Chiapas Community Defenders Network wishes to make known the events that transpired in the community of Nuevo San Rafael, located in the Montes Azules region:

1. On April 11th of the present year, we received information at our offices from the community representatives of Nuevo San Rafael (also known as Ignacio Allende), that indigenous lacandones were thought to be heading toward Nuevo San Rafael to forcefully displace community members from their lands. The displacement was to be carried out on Saturday, April 12th at 2:00 p.m.

2. Due to the perceived threat to the community, various social groups dedicated to the promotion and defense of human rights, among them the Chiapas Community Defenders Network, CAPISE, CIEPAC, and PROMEDIOS, organized an emergency observatory delegation to Nuevo San Rafael.

3. At 2 p.m. on Saturday, 40 indigenous lacandones and cho`oles, armed with machetes and firearms, arrived at the community aboard two motorboats. Upon arriving, they joined Héctor Trujillo Gómez and Jorge Gómez Román, two officials from PROFEPA (the Mexican government’s environmental protection agency) who had apparently been waiting for the armed men at the entrance to the community. The indigenous men claimed to be neighbors from the communities of Frontera Corozal, Nueva Palestina, Lacanjá, Najá and Metzaboc.

4. Afterwards, another four government officials, who declined to identify themselves, arrived in a motorboat. It appears that they were representatives from the Ministry of the Environment and Natural Resources (Semarnat) and the National Coordinating Committee of Protected Areas (CNANP).

5. These persons then proceeded to walk towards the entrance to the community led by the following identified lacandon authorities: David González Chanvor, President of Communal Property; Hugo Chanvor, Director of Security, and Rodolfo Chanvor, Secretary. Also leading the group were Pedro Díaz Solís, Ejidal (land) Commissioner of Frontera Corozal, while the government officials remained at the rear of the group.

6. The lacandones immediately made clear their hostile intentions as they wrenched video cameras, valued at US$5,000, from the hands of the reporters on the scene from the Chiapas Media Project. They promised to return the equipment to the reporters at the end of the meeting, but once the meeting ended they refused to return the video cameras.

7. After a heated discussion conducted in the native cho´ol language between representatives of the Nuevo San Rafael community and the aforementioned communities, one of the members of the observatory human rights delegation intervened, soliciting the assistance of the PROFEPA officials in diffusing the very tense situation and finding a peaceful resolution to the conflict. Héctor Trujillo Gómez, previously mentioned official, who up to this point had remained silent, declared that they had no proposals to resolve the conflict, and that they had simply come as a result of an invitation by the lacandones to attend the meeting.

8. After nearly an hour of argument, the lacandones announced they would give the community members of Nuevo San Rafael one week to leave their homes and land. If at the end of this week (Saturday April 19th, 2003) the community members had not left, the lacandones warned they would return to forcefully displace the community.

9. When the meeting concluded, the lacandones turned their attention to the human rights observers telling them that their presence in the region of Montes Azules would not be permitted in the future without the approval of the President of Communal Property of the lacandona community.

10. The Chiapas Community Defenders Network expresses its concern that these events, and the tense situation in the region, could lead to more serious confrontations in the very near future. On this occasion, the presence of human rights observers in the area helped prevent a violent confrontation between the indigenous members of the Nuevo San Rafael community, and the lacandones and their companions.

11. We would also like to stress that the Chiapas Community Defenders Network notified the government of the state of Chiapas and made it aware of the possibility of a forcible displacement on the part of the lacandones. Functionaries of the government of the state of Chiapas assured us that they would be speaking to the lacandona community in order to avoid any acts of violence. Nonetheless, the events of this past week suggest that the state government is not willing to take the necessary action to prevent violent displacements in the region. The Chiapas state government’s public declarations appear disingenuous when one considers that the state government routinely declares that it is opposed to the displacement of any community in the Montes Azules region, while it simultaneously allows members of the lacandona community to act with impunity.

12. We are urging the proper Federal and state government authorities to take the necessary measures to prevent violent confrontations from occurring between the indigenous inhabitants of the Montes Azules region. The Chiapas Community Defenders Network once again makes clear our belief that the conflicts in the region can only be resolved if the federal and state governments act in good faith and through a negotiated and peaceful solution that ensures respect for the human rights and indigenous rights of all of the involved parties.